La diputada a la Asamblea Nacional, Gabriela Peña, dijo que tras la convocatoria del presidente de la República, Nicolás Maduro, para transformar las Leyes Orgánicas del Poder Popular, se creó una comisión especial encargada de reformar la Ley Orgánica de Contraloría Social.
“La anterior tenía 18 artículos y cinco capítulos. Ahora tenemos una nueva ley con 21 artículos, los cuales están contentivos en seis capítulos, donde nosotros nos estamos planteando solamente el fortalecimiento y el desarrollo de la contraloría social como ámbito de actuación del poder popular”, explicó Peña en entrevista para el programa Francas Noches, transmitido por Canal i.
Se refirió al poder popular, el cual tiene varios ámbitos de actuación, destacando la planificación de políticas públicas como el primero de ellos.
Asimismo, habló de la economía comunal como el segundo ámbito. Y la contraloría social como tercero.
“Imaginemos que los más de 49 mil consejos comunales que existen en el país y las más de 3 mil 600 comunas, se reúnen en asamblea de ciudadanos y diseñen esas políticas públicas (…) generan las condiciones en cogestión con las entidades, sean alcaldías, gobernaciones e instituciones del Estado, para que esos proyectos puedan ser financiados”.
Explicó que luego de ese paso, se desarrollaría la contraloría social, permitiendo al pueblo garantizar que los recursos aprobados para los proyectos, se ejecuten para lo que fueron designados.
“Estaríamos logrando lo que nos estamos planteando, el autogobierno comunitario, que es favorecer a todos los habitantes de una comunidad en torno a los proyectos que desee. Pero no solamente en el ámbito de proyectos comunitarios, también la contraloría social puede ser en la gestión pública, y en la gestión privada, que incida en los derechos o los intereses del colectivo”, detalló.
Aseguró hay que mirar los pasos planteados en el objeto, “como lo son la formación, para conocer y reconocer. Para tener ese instrumento legal bastante claro, que nos va a permitir desarrollar la contraloría es clave”.
Consideró que visualizar la contraloría social como preventiva es elemental para prevenir el delito.
“Nosotros nos planteamos la ley de la creación del Sistema Nacional de Contraloría Social, como mecanismo que permita actuar en sinergia con la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, las Oficinas de Atención al Ciudadano de cada una de las instituciones del Estado”.
En esta última, enfatizó que las Oficinas de Atención al Ciudadano son asumidas como espacios para hacer solicitudes individuales en materia de salud, vivienda entre otras, “pero no vemos que sean una instancia fundamental para que el pueblo tenga dónde acudir, hacer una denuncia, queja o reclamo”.
Asimismo, habló de la creación del Consejo Nacional de Contraloría Social, “buscamos tener esa instancia de coordinación y articulación desde las unidades de contraloría social de consejos comunales, los consejos de contraloría de las comunas. Entonces en los niveles municipal, estadal y nacional, podamos actuar sinérgicamente”.
Recordó que están a la orden para continuar aclarando temas vinculados a la Reforma de la Ley Orgánica de Contraloría Social y trabajarán de la mano con el Ejecutivo para tener el reglamento.
Escrito por: Angelimar Castro Reyes