Como racistas y violentas fueron calificadas, las represiones en contra de los pueblos originarios, suscitadas el martes 7 de marzo.

Estas aseveraciones se dieron a conocer a través de 25 organizaciones defensoras de los derechos humanos por medio de un comunicado en el que repudian la violencia perpetrada el sábado 4 de marzo y se solidarizan con los afectados en la ciudad de Juli, en la región surandina de Puno.

“Rechazamos la represión violenta y con carga racista de las fuerzas del orden hacia los pueblos originarios aimaras en Lima, en especial contra mujeres y niños”, reza una parte del comunicado.

Indicaron que la población, de manera pacífica y democrática, se sumó a la protesta ante la llegada de las fuerzas armadas y cuerpos policiales a bordo de helicópteros y carros blindados, lo que generó miedo y desconfianza en algunos pobladores.

“Denunciamos las actitudes racistas del Poder Ejecutivo, del Parlamento, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como las acciones violentas y la militarización de la región Puno”, sentenciaron.

El texto está firmado por la Asociación Pro Derechos Humanos y las asociaciones defensoras del Sur, así como de las regiones de Tacna, Cusco, Puno, la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos, y centros de estudios económicos y sociales, entre otros.

Escrito por: Emmanuel Chaparro