Hoy se marca un hito en la historia judicial de Colombia, ya que el expresidente Álvaro Uribe se enfrenta a un juicio por soborno y fraude procesal. Este proceso, que ha tardado más de diez años en llegar a los tribunales, lo convierte en el primer exmandatario colombiano en responder penalmente ante la justicia. La jueza Sandra Liliana Heredia será la encargada de determinar si la Fiscalía cuenta con las pruebas necesarias para sostener las acusaciones en su contra.

El caso se centra en la supuesta intervención de Uribe en 2018, cuando habría recurrido al abogado Diego Cadena para obtener testimonios favorables de personas encarceladas. Según las acusaciones, Uribe habría ofrecido sobornos y beneficios carcelarios a estos individuos a cambio de sus declaraciones.

Este escándalo se remonta a 2012, cuando Uribe demandó al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos, justo cuando Cepeda preparaba una denuncia sobre los vínculos del expresidente con el paramilitarismo.

Uno de los testimonios más impactantes proviene de un recluso que afirmó que Uribe y otros miembros de la élite en Antioquia fueron responsables de la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar implicado en numerosos crímenes contra la población civil. A pesar de las graves acusaciones, la Corte Suprema decidió no investigar a Cepeda y, en cambio, abrió un proceso contra Uribe.

En 2020, Uribe renunció a su escaño en el Senado, lo que permitió que su caso pasara a la justicia ordinaria. A pesar de los intentos de la Fiscalía por archivar el proceso en dos ocasiones, los tribunales lo rechazaron, y este año se formularon cargos en su contra. Un aspecto crucial del juicio es la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá de admitir interceptaciones telefónicas realizadas por error en 2008, que revelan conversaciones entre Uribe y Cadena.