Nuevos datos sobre la abogada venezolana Rocío San Miguel, detenida desde el pasado 9 de febrero, por vinculación con el caso Brazalete Blanco, fueron anunciados este lunes por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público.
El fiscal indicó que la residencia de la jurista fue revisada por un equipo de investigación, quienes incautaron en sus espacios, una variedad de mapas y equipos electrónicos, asociados a dicho plan de magnicidio hacia el jefe de Estado y otras autoridades del Gobierno.
Precisó que la pesquisa se efectuó bajo el orden legal en presencia de fiscales y familiares de San Miguel, para constatar su vinculación con dichas actividades conspirativas.
“En su poder se consiguieron 18 mapas cartográficos en los cuales se han demarcado numerosas instalaciones militares con sus respectivas zonas de seguridad en todo el país”, detalló.
Precisó información sobre Anyelo Heredia, un exmilitar detenido por el mismo caso, sobre el que reveló que entre sus contactos telefónicos se hallaba el número de San Miguel.
“¿Por qué aparece como contacto telefónico de un terrorista? él fue detenido por intentar volar con explosivos la sede del Sebin. Una vez en la cárcel, se fugó en 2017. Luego de aparecer como refugiado en EEUU, apareció lanzando ofensas contra autoridades del Estado. Ingresó a Venezuela para iniciar la escalada”, señaló.
Indicó, mediante la lectura de los datos plasmados en un documento hallado bajo el nombre Tareas oficiales aliados a la operación, explicó el rol que cumpliría San Miguel dentro del plan de magnicidio, dentro de un segunda fase.
Inmediatamente después de haber tomado y asegurado las instalaciones (…) realizar los enlaces necesarios con los medios de comunicación digital aliados de Rocío San Miguel (…) Será la encargada de coordinar y trasladar todo el equipo comunicacional necesario para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real de los avances de la operación”, apuntó.
Consideró que con los nuevos hallazgos, la abogada se aleja del perfil de defensora de Derechos Humanos, y cumple con un papel de espía como persona allegada a algunos integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
“Se valía de tener contactos vía de parejas, relaciones públicas, con miembros de la Fuerza Armada para luego desatar una serie de acciones contra la soberanía nacional”, subrayó.
Desmintió las teorías sobre desaparición forzada en el caso de Rocío San Miguel, quien se encuentra recluida en El Helicoide.
“Las desapariciones forzadas, en la mayoría de los casos, culminan en la tragedia que es el asesinato. Eso ocurría aquí en los 60, 70, 80 durante la democracia puntofijista (…) hasta hoy siguen diciendo que es un caso de desaparición forzada. Es indignante y una burla. Es una ofensa a los defensores de derechos humanos que arriesgan su vida”, acotó.
Escrito por: Emmanuel Chaparro