El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela manifestó a través de un comunicado su total desacuerdo con la postura asumida por los relatores de Naciones Unidas (ONU) Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule, quienes a través de una misiva expresaron preocupación respecto al “uso de leyes antiterroristas contra sindicalistas sin tener ninguna base para ello”.

El texto de la Fiscalá recuerda que el  pasado 1º de agosto los ciudadanos Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo fueron “condenados por el Juzgado 2º de Primera Instancia en Función de Juicio con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada con Jurisdicción a Nivel Nacional por los delitos de conspiración y asociación a cumplir una pena de 16 años de prisión”, dice el texto.

“El Ministerio Público ratifica su compromiso con la paz y los derechos humanos y rechaza que se haya orquestado una campaña que pretende difundir que las condenas de estos ciudadanos se deben a su supuesta participación en organizaciones sociales”, reza el comunicado.

Agregó: “Como fue informado oportunamente a la opinión pública, estos seis hombres pertenecían a una organización subversiva y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular (URP). Este grupo había planificado realizar varias acciones en contra del gobierno nacional, entre ellas, asaltar un Conscripto de alistamiento militar de San Jacinto en Mérida, con el objetivo de apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto”.

A continuación el cómunicado completo:

Escrito por: Nancy Mastronardi