La Secretaría de Derechos Humanos en Argentina, exigió a la justicia, dar inicio a una investigación penal con carácter de urgencia, en torno a las acciones de las fuerzas de seguridad provinciales, tras la represión contra manifestantes y recibir las denuncias en las visitas realizadas a Jujuy la semana pasada.

En medio de la presentación del informe, se incluyeron testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy, recogidas en días recientes, por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia.

Según medios locales, las víctimas, que rechazaron la reforma constitucional impulsada por el gobernador, describieron los golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de proyectiles de goma en el rostro y capturas arbitrarias, alejados del lugar donde se realizaban las protestas.

Asimismo, indicaron la utilización de vehículos sin identificación, ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento, además de la presencia de policías infiltrados.

“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que –más allá de las responsabilidades de los autores directos– dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del gobierno de la provincia”, reza un párrafo del informe.

El texto señala que el gobernador Gerardo Morales, difundió en sus redes sociales, los antecedentes judiciales de presuntos manifestantes, información que debería ser del manejo exclusivo del Poder Judicial.

El martes 27 de junio, efectivos de la policía de Jujuy se desplegaron en la localidad de Perico, con la finalidad de activar la represión contra los manifestantes que exigen la renuncia del gobernador Morales, así como la derogación de la reforma constitucional.

Escrito por: Emmanuel Chaparro